No entra en vigencia nueva Ley de tránsito

0
72

SANTIAGO.- El primer día del mes de julio, a nivel de regulación del tránsito terrestre se desarrolló ayer en esta ciudad sin nada fuera de lo normal, pues no entró en vigencia de la nueva Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, prevista para comenzar a ser aplicada en esa fecha.

Sin embargo, el dirigente choferil Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del transporte (CNTT) Juan Marte, dijo no estar sorprendido de que tal cosa haya ocurrido.

La falta de logística, inconvenientes técnicos y la no disposición del personal necesario, son factores resaltados por Marte para que dicha ley no entrara en vigencia ayer.

Dijo que para la puesta en vigencia de manera efectiva de ese mandato legal, lo más aconsejable sería que el gobierno ponga esa disposición legal en vigencia de manera paulatina por los próximos dos años, tiempo que se utilizaría en hacer los ajustes necesarios para el bien colectivo.

“Hemos llegado a este día sin que los choferes estén debidamente preparados y educados sobre los alcances de esa ley; no están claras las acciones coercitivas que se aplicaran a sus violadores y la parte burocrática prácticamente no existe”, insistió Marte.

De ahí su temor de que la nueva Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial resulte tan pernicioso como el Código Procesal Penal “que en la práctica ha resultado más garantista para los delincuentes que para la sociedad”.

Y que la misma establece una serie de plazos y acciones que deben cumplirse, por lo que en términos prácticos no ha resultado fácil aplicarla de inmediato.

El 8 de febrero pasado fue aprobado en el Senado Dominicano el entonces proyecto de ley y dos días después ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados.

El día 21 del mismo mes fue promulgada la ley 63-17 por el Poder Ejecutivo, entrando en vigencia de manera inmediata, conforme a lo que establece el artículo 359 de dicha ley, aunque previamente debía cumplir con las exigencias de la ley ordinaria y de la Constitución, en los asuntos de la vigencia en el Distrito Nacional y en las provincias del interior.